La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, modificó un artículo de la Constitución provincial a través del cual se autolimitó las facultades para indultar en forma individual las penas impuestas por la Justicia provincial en los casos que puedan verse beneficiados condenados por delitos vinculados a la violencia de género.
Rosana Bertone, gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, dictó el Decreto 1249/16 a través del cual autolimita las facultades que el artículo 135 inciso 15 de la Constitución Provincial le otorga para “indultar o conmutar en forma individual y en casos excepcionales, las penas impuestas dentro de la jurisdicción provincial”.
El artículo 1 de dicho decreto establece “como medida de autolimitación del Poder Ejecutivo de carácter general, que el ejercicio de las atribuciones y competencias establecidas en el artículo 135, inciso 15 de la Constitución Provincial, no podrá aplicarse a las causas judiciales en las que se hayan condenado a personas por actos que hayan sido caracterizados por la decisión judicial que impuso la pena, como actos de violencia contra la mujer, en los términos y con los alcances que la legislación nacional e internacional se caracteriza a dichos conceptos”.
Bertone expresó que “en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos porque afecta gravemente una serie de derechos y libertades fundamentales” y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que la inefectividad estatal ante casos de violencia contra mujeres crea un ambiente de impunidad que facilita la violencia”.
“Teniendo presente el principio de inderogabilidad singular de los actos de alcance general, el incumplimiento del presente será causal de nulidad del acto que lo inobserve”, destacó la gobernadora.
Tierra del Fuego fue noticia cuando en uso de estas facultades constitucionales, la exgobernadora Fabiana Ríos rebajó en el año 2014 la pena de Juan Pablo Rojas, quien purgaba condena a reclusión perpetua por la violación y asesinato de una mujer ocurrido en 2001 en Río Grande. También lo hizo en el caso de Sergio Amador López, quien fue condenado a perpetua por asesinar a su hijo de tan solo 25 días de vida, hecho que ocurrió en 1989 y la reducción de pena fue a 25 años, lo que le permitió recuperar la libertad.